Resulta chocante que una eurodiputada, la danesa
Hanna Dahl, precise
recalamar su derecho a amamantar a su hija y lo haga llevándola consigo a una sesión del Parlamento de
Estrasburgo. Al parecer, no le quedó otra opción, pero dicha eventualidad no deja de ser todo un hito para quienes reclaman que se garantice la conciliación de la vida familiar y laboral, y que ven que alguien, en las altas esferas, por fin se moja y da ejemplo. En ese caso, es más fácil, claro. Nadie se atreverá a decirle que no puede dejar a un lado sus obligaciones como madre para atender a sus deberes como política, ya que sería "políticamente incorrecto".
El miedo a perder el empleo ante un embarazo, el pánico a carecer de flexibilidad suficiente para atender a nuestros hijos ante cualquier emergencia, etcétera, es el día a día de muchas madres. De ahí que cada día se postergue más la decisión de asumir dicha responsabilidad, que ya no se debe tomar desde el instinto, sino que ha de
sopesarse a fin de conocer y prevenir las posibles consecuencias de alumbrar a un niño.
El hecho de que nuestra capacidad para ser madre, con todas las letras, se vea limitado en función de las ex
igencias de la actual coyuntura social y económica es, opino, una forma de violencia más hacia la mujer. Pero dicha agresión se extiende también a la sociedad, que precisa de nuevas generaciones que contribuyan a que sea viable la continuidad del actual sistema.
Los ayuntamientos suspiran por fijar población; sueñan, como si de una utopía se tratase, con que aumente el censo. Pero no se establecen de forma real las garantías que propicien la maternidad y el amparo del niño. Algo que es más grave, si cabe, en el caso de la paternidad, que sigue
relegándose, como si ellos no tuviesen derecho a ser padres (también con todas las letras) puesto que las "nuevas" medidas son, en todo caso, claramente insuficientes.
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